lunes, 29 de octubre de 2012

Islandia y el rechazo a la austeridad

La Unión Europea apuesta por la austeridad como medio de enfrentar la crisis económica, pero al mismo tiempo se embarca en la adopción de un plan destinado a salvar –con la inversión de fondos públicos– los bancos privados que se hallan al borde de la quiebra por causa de su mala gestión. ¿Es esa la única solución viable? El profesor Salim Lamrani nos presenta el caso de Islandia, un ejemplo que los medios de comunicación y los aprendices de mago de la finanza europea prefieren pasar por alto.
 
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El 6 de marzo de 2012, más del 93% de los electores islandeses que participaron en un referendo se pronuncian contra el pago de casi 4 000 millones de dólares al Reino Unido y a los Países Bajos, monto correspondiente a las deudas acumuladas por los bancos islandeses quebrados.
Ante la crisis económica, la Unión Europea ha elegido el camino de la austeridad y ha decidido salvar a los bancos. Islandia, en cambio, procedió anteriormente a la nacionalización de las instituciones financieras y rechazó las políticas de restricción presupuestaria. Hoy presenta una tasa de crecimiento de un 2,7% en 2012, y hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) saluda la recuperación económica de ese país.
En septiembre de 2008, cuando la crisis económica y financiera golpeó a Islandia, pequeño archipiélago del norte de Europa con una población de 320 000 habitantes, el impacto fue desastroso, como en el resto del continente. La especulación financiera llevó a la quiebra a los tres principales bancos islandeses, cuyos activos representaban una suma diez veces superior al PIB de la nación, con una pérdida neta de 85 000 millones de dólares.
La tasa de desempleo se multiplicó por 9 entre 2008 y 2010, en un país que hasta entonces gozaba del pleno empleo. La deuda de Islandia representaba el 900% del PIB y la moneda nacional perdió el 80% de su valor con respecto al euro. El país cayó en una profunda recesión y su PIB descendió en un 11% en sólo 2 años [1].
Frente a la crisis
En 2009, cuando el gobierno quiso aplicar las medidas de austeridad que exigía el FMI a cambio de una ayuda financiera de 2 100 millones de euros, una fuerte movilización popular lo obligó a renunciar. En elecciones anticipadas, la izquierda ganó la mayoría absoluta en el Parlamento [2].
No obstante, el nuevo poder adoptó la ley Icesave –cuyo nombre procede del banco online que quebró y cuyos ahorristas eran en su mayoría holandeses y británicos–, con el fin de rembolsar a los clientes extranjeros. Esta legislación obligaba a los islandeses a pagar una deuda de 3 500 millones de euros (40% del PIB) –o sea, 9 000 euros por habitante– en 15 años y con una tasa de interés del 5%. Frente a las nuevas protestas populares, el Presidente se negó a ratificar el texto parlamentario y lo sometió a un referéndum. En marzo de 2010, el 93% de los islandeses rechazó la ley sobre el rembolso de las pérdidas de Icesave. Cuando la ley se sometió a un nuevo referéndum, en abril de 2011, el 63% de los ciudadanos volvió a rechazarla [3].
Una nueva Constitución, redactada por una Asamblea Constituyente de 25 ciudadanos elegidos por sufragio universal entre 522 candidatos, Constitución que consta de 9 capítulos y 114 artículos, se adoptó en 2011. La nueva Constitución instaura un derecho a la información, con un acceso público a los documentos oficiales (Artículo 15), prevé la creación de un Comité de Control de la Responsabilidad del Gobierno (Artículo 63), un derecho a la consulta directa (Artículo 65) –un 10% de los electores puede pedir un referéndum sobre las leyes que vota el Parlamento–, así como el nombramiento del Primer Ministro por el Parlamento [4].
Así, contrariamente a las otras naciones de la Unión Europea que se ven en la misma situación y que aplicaron escrupulosamente las recomendaciones del FMI, institución que exigía medidas de una austeridad severa, como lo ha hecho en los casos de Grecia, Irlanda, Italia o España, Islandia eligió una vía alternativa. Cuando los tres bancos principales del país (Glitnir, Landsbankinn y Kaupthing) se derrumbaron, en 2008, el Estado islandés se negó a inyectarles fondos públicos, como lo ha hecho el resto de Europa, sino que procedió a nacionalizarlos [5].
Del mismo modo, los bancos privados tuvieron que cancelar todos los créditos con tasas variables superiores al 110% del valor de los bienes inmobiliarios, evitando así una crisis de subprime como la de Estados Unidos. Por otra parte, la Corte Suprema declaró ilegales todos los préstamos ajustados a divisas extranjeras otorgados a particulares, obligando así a los bancos a renunciar a sus créditos en beneficio de la población [6].
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Acusado de gestión negligente de la crisis financiera, el ex primer ministro islandés Geir Haarde fue declarado culpable, en abril de 2012, por un tribunal especial que no le impuso sanción alguna.
En cuanto a los responsables del desastre –los banqueros especuladores que provocaron el derrumbe del sistema financiero islandés–, estos no fueron tratados con la mansedumbre que se ha mostrado hacia ellos en el resto de Europa, donde han sido sistemáticamente exonerados. En efecto, Olafur Thor Hauksson, Fiscal Especial nombrado por el Parlamento para ocuparse de ellos, los mandó a los tribunales y han sido encarcelados. Hasta el propio ex primer ministro Geir Haarde se vio obligado a comparecer ante la justicia [7].
Una alternativa a la austeridad
Los resultados de la política económica y social islandesa han sido espectaculares. Mientras la Unión Europea se encuentra en plena recesión, Islandia obtuvo una tasa de crecimiento de un 2,1% en 2011 y prevé una tasa de 2,7% para 2012, y una tasa de desempleo de un 6% [8]. El país se dio incluso el lujo de proceder al rembolso anticipado de sus deudas con el FMI [9].
El presidente islandés Olafur Grímsson explicó este milagro económico: “La diferencia es que en Islandia dejamos que los bancos quebraran. Eran instituciones privadas. No inyectamos dinero para salvarlas. El Estado no tiene por qué asumir esa responsabilidad”  [10].
Contra todo pronóstico, el FMI saludó la política del gobierno islandés –el cual aplicó medidas totalmente opuestas a las que preconiza esa institución–, política que ha permitido preservar “el valioso modelo nórdico de protección social”. En efecto, Islandia dispone de un índice de desarrollo humano bastante elevado. “El FMI declara que el plan de rescate al modo islandés ofrece lecciones para los tiempos de crisis”. La institución agrega que “el hecho que Islandia haya logrado preservar el bienestar social de las unidades familiares y conseguir una consolidación fiscal de gran envergadura es uno de los mayores logros del programa y del gobierno islandés”. No obstante, el FMI omitió precisar que estos resultados fueron posibles sólo porque Islandia rechazó su terapia de choque neoliberal y elaboró un programa de estímulo económico alternativo y eficiente [11].
El caso de Islandia demuestra que existe una alternativa creíble a las políticas de austeridad que se hoy aplican en toda Europa. Además de ser económicamente ineficientes, esas políticas de austeridad son políticamente costosas y socialmente insostenibles. Al elegir poner el interés general por encima del interés de los mercados, Islandia muestra al resto del continente la vía para escapar del callejón sin salida.

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