El asunto Goodman: Monsanto intentando controlar las publicaciones científicas
Richard E. Goodman, Universidad de Nebraska
Richard Smith, ex editor de la revista British Medical Journal, bromeaba sobre su revista rival, The Lancet,
y decía que en un lugar de realizar revisiones científicas lo que hacía
era tirar un montón de papeles por las escaleras y las que llegaban al
final era lo que se publicaba. En otra ocasión, Smith se enfrentó al
reto de publicar en la revista British Medical Journal aquellos
artículos que habían sido retirados después de una revisión por pares
para ver si alguien se daba cuenta. Respondió: ¿Cómo saben que no lo he
hecho ya?
Como se
desprende de lo que acabamos de contar de Robert Smith, los editores de
las revistas tienen mucho poder e influencia en la Ciencia, teniendo
oportunidades para el abuso. La Industria Biotecnológica sabe todo esto,
e intenta influir y controlar las publicaciones científicas.
A veces
cuentan con la cooperación voluntaria de los editores, que puede ser de
forma descarada. En 2009, se descubrió que la editorial científica Elsevier
estaba publicando una revista médica, con su comité editorial y todo,
en la que aparecían artículos que hacían publicidad de la empresa
farmacéutica Merck. Merck le proporcionaba los documentos, Elsevier los
publicaba, y los médicos los leían, sin saber que la revista The Australasian Journal of Bone and Joint Medicine era simplemente un osito de peluche.
En septiembre de 2012 la revista científica Food and Chemical Toxicology (FCT) publicó un estudió que produjo una convulsión internacional (Séralini et al. 2012). El estudio, dirigido por el profesor Gilles-Eric Séralini de
la Universidad de Caen, Francia, sugería que un maíz transgénico de
Monsanto y el herbicida Roundup planteaban graves riesgos para la salud.
El estudio de alimentación que se prolongó durante dos años encontró
que las ratas alimentadas tanto con el maíz transgénico como con
pequeñas cantidades de Roundup, provocaba daños orgánicos graves y un
aumento en la tasa de tumores y muerte prematura. Tanto el maíz
transgénico NK603 como Roundup están producidos por Monsanto. Corinne
Lepage, ex Ministra de Medio Ambiente de Francia, afirmó que tal estudio
era “una bomba”.
Posteriormente se inició una campaña para desacreditar el estudio
en los medios de comunicación y obligar a la revista a que se
retractase de la publicación de dicho estudio. Muchos de los que
enviaron comunicaciones a FCT ( que es publicada por Elsevier) tenían
conflictos de interés con la Industria de los Transgénicos y formaban
parte de grupos de presión, aunque este punto no se reveló públicamente.
La
revista no se retractó de la publicación del estudio. Pero sólo unos
meses más tarde, a principios de 2013, el Consejo de Redacción de FCT
contrató a un nuevo “Editor asociado a la Industria de la Biotecnología”, Richard E. Goodman. Se ocupó así un enclave estratégico para seguir el asunto Séralini.
Richard
E. Goodman es profesor en Food Allergy Research and Resource Program, de
la Universidad de Nebraska. Pero también un ex empleado de Monsanto,
compañía en la que estuvo trabajando desde 1997 a 2004. En Monsanto
trabajaba sobre la alergenicidad de los cultivos transgénicos y publicó
varios artículos sobre cuestiones de alergenicidad y seguridad
alimentaria de los transgénicos (Goodman y Leach 2004).
Goodman no
tuvo relación, que se sepa, con la revista hasta febrero de 2013. Su
nombramiento fue por la vía rápida, y se plantean algunas preguntas
sobre la ocupación de este puesto en el Consejo de Redacción. ¿ Intenta
Monsanto decidir cuáles son los documentos sobre Biotecnología que se
deben publicar en FCT? ¿Es un intento por parte de Monsanto y de la
Industria Biotecnológica de controlar las publicaciones científicas?
Equiparar
una revista científica con la Ciencia puede parecer una exageración.
Pero una publicación revisada por pares, para la mayor de los
científicos, es Ciencia. Una vez que un artículo se publica en una
revista académica sirve de modelo, sea sobre la tectónica de placas o la
estructura del ADN. El resto de la investigación, sin importar lo
innovador que sea, es irrelevante. Un científico hizo una vez una
observación mordaz sobre los datos de seguridad de la Industria
Biotecnológica, que se consideran confidenciales, y en los que se basa
la aprobación de productos químicos y de los alimentos transgénicos: “Si no se publican, no existen”.
La conexión de Goodman con ILSI
La
conexión con Monsanto del nuevo guardián de la Biotecnología en FCT no
es la única. Goodman tiene una activa y continua participación en ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida).
ILSI está financiado por las grandes empresas de transgénicos y de
Agroquímicos, como Monsanto. Dice elaborar métodos para la evaluación de
riesgos de los alimentos transgénicos y contaminantes químicos, que
después forman parte de las regulaciones gubernamentales.
ILSI se
describe a sí misma como de interés público y sin ánimo de lucro, pero
la infliltración en las Agencias de Regulación y su influencia sobre la
política de evaluación de riesgos es algo muy controvertido tanto en
América del Norte como Europa. En el año 2005, los sindicatos
escribieron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) protestando
sobre la influencia de ILSI en la aprobación de las normas sanitarias
internacionales y de suministro de alimentos y agua. Como resultado, la
OMS prohibió a ILSI participar en actividades de la OMS relacionadas con
las normas de seguridad, debido a las fuentes de financiación. Y en
Europa, en 2012, Diana Banati, por entonces jefe de la junta directiva de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), tuvo que dimitir por su participación no revelada en ILSI (Robinson et al. 2013).
El
nombramiento de Goodman para el Consejo de Redacción de FCT es
sorprendente, porque de hecho la revista ya cuenta con expertos en
seguridad de los alimentos transgénicos. De los cuatro jefes de
redacción, José L. Domingo es profesor de Toxicología y Salud Ambiental y
autor de dos revisiones completas de los estudios sobre inocuidad de
los alimentos transgénicos (Domingo 2007, Domingo y Bordonaba 2011).
Ambas revisiones se mostraban escépticas con la tesis de que los
transgénicos son seguros. En consecuencia, no está nada claro por qué
FCT necesita un “Editor asociado de Biotecnología”, pero está claro que Monsanto tiene interés en asegurarse que el asunto Séralini no vuelva repetirse.
El caso Paul Christou
FCT
no es la única revista académica que parece haber caído en los
intereses comerciales. Después de la campaña que se inició para
conseguir que FCT se retractase de la publicación del estudio de
Séralini, la revista Transgenic Research publicó una dura crítica
del estudio y de los propios investigadores (Arjo et al., 2013). El
principal autor de la crítica fue Paul Christou.
Christou y otros coautores dijeron del Editor de FCT que la publicación de estudio de Séralini suponía “una violación clara y flagrante de las normas de publicación científica”.
Insistieron en que el editor de la revista debía retractarse de la publicación de este estudio “en base a unos claramente erróneos y las fuertes evidencias de una mala conducta científica y de un abuso del proceso de revisión por pares. Incluso una retracción completa del artículo de Séralini no va a limpiar Internet de las imágenes de las ratas con inflamaciones tumorales”.
Insistieron en que el editor de la revista debía retractarse de la publicación de este estudio “en base a unos claramente erróneos y las fuertes evidencias de una mala conducta científica y de un abuso del proceso de revisión por pares. Incluso una retracción completa del artículo de Séralini no va a limpiar Internet de las imágenes de las ratas con inflamaciones tumorales”.
Estos mismos
autores insistieron en que el estudio de Séralini era fraudulento, que
los investigadores no habían analizado los datos de una manera objetiva,
y que el tratamiento dado a los animales durante el experimento fue
inhumano.
No es la
primera vez que Christou ataca los estudios científicos que plantean
dudas sobre los cultivos transgénicos. En 2001, Ignacio Chapela y David
Quist, de la Universidad de California, Berkeley, publicaron en la
revista Nature que las variedades de maíz indígena mexicano estaban contaminados con genes transgénicos
(Quist y Chapela, 2001). Este problema era, y sigue siendo, muy
controvertido, ya que México es el centro genético del maíz. En paralelo
con los ataques recibidos por el estudio de Séralini, se produce en
Internet otra campaña contra Chapela y Quist, exigiendo también que la
revista Nature se retracte de su publicación. Entonces Christou,
cuando estaba en pleno ataque al estudio de Séralini, ataca también el
de Chapela y Quist en un artículo titulado “No hay evidencias
científicas creíbles para respaldar las afirmaciones de que el ADN
transgénico haya contaminado las variedades tradicionales de maíz en
Oaxaca, México” (Christou, 2002).
En respuesta a la campaña, el editor de la revista Nature,
Philip Campbell, solicitó a Chapela y Quist más datos, y se preparó
otra nueva revisión por pares. Sólo hubo un apoyo dentro del grupo de
tres para que se produjese esa retracción, y nadie había presentado
datos ni análisis que contradijeran los hallazgos de Chapela y Quist.
Sin embargo, Nature afirmó: “Las pruebas disponibles no son suficientes para justificar la publicación del artículo original”.
Algunas
investigaciones posteriores realizadas con diferentes muestras
encontraron genes transgénicos en las variedades indígenas de maíz
mexicano ( Piñeyro-Nelson et al. 2009), mientras que otros no los
encontraron (Ortiz-García et al. 2005).
Paul
Christou por el contrario, no tenía ningún problema en que se le
publicase una de sus críticas sobre la investigación transgénica. Es el
editor en Jefe de la revista. Al igual que Goodman, Christou mantiene
relaciones con Monsanto. Monsanto compró la compañía de semillas
transgénicas Agracetus ( el antiguo jefe de Christou) y Monsanto
tiene ahora patentes para la producción de cultivos modificados
genéticamente, de los que Christou figura como inventor. Es una práctica
normal normal señalar en los artículos científicos los conflictos de
interés, pero Christou no los dio a conocer en su crítica al estudio de
Séralini.
El asunto Ermakova
No
sólo los editores pueden impedir la publicación de investigaciones en
su revista que muestran los problemas con los cultivos transgénicos,
sino que pueden bloquear su publicación en otras. En 2007, la revista
académica Nature Biotechnology publicó un ataque al trabajo de la
científica rusa Irina Ermakova (Marshall, 2007). Habían encontrado un
retraso en el aumento del peso, mayor mortalidad y disminución de
fertilidad en las ratas alimentados con soja transgénica tolerante al
glifosato durante varias generaciones (Ermakova, 2006; Ermakova, 2009).
El editor de la revista Nature Biotechnology, Andrew Marshall,
se puso en contacto con Ermakova, invitándola a responder a las
preguntas sobre sus conclusiones, que sólo había expuesto en
conferencias. Le dijo que tenía “la oportunidad de presentar sus opiniones y conclusiones, en lugar de que todo fuese por referencias”. Ermakova estuvo de acuerdo.
Photo: Petermann/GJEP
Lo que
siguió a continuación fue irregular y engañoso. El editor envió a
Ermakova una serie de preguntas sobre su investigación, a las que ella
respondió. Al cabo de un tiempo recibió lo que pensaba iba a ser su
artículo, con la inclusión de su autoría.
Sin embargo,
el artículo que finalmente fue publicado era muy diferente. En lugar de
aparecer el nombre de Ermakova aparecía el de Marshall. En cada una de
las respuestas que había dado Ermakova a las preguntas aparecía una
larga crítica realizada por cuatro científicos protransgénicos
(Marshall, 2007). La prueba enviada a Ermakova no incluía estos
comentarios críticos. Se le negó posteriormente en la revista la
oportunidad de ejercer la misma práctica. En la redacción final del
artículo el editor de la revista conservó las referencias de los
críticos, eliminando muchas de las de Ermakova, lo que daba la impresión
de que sus afirmaciones estaban infundadas.
El tratamiento dado a Ermakova en Nature Biotecnology
fue criticado por muchos científicos y en muchos medios de
comunicación. Harvey Marcovitch, ex editor de una revista científica, y
ahora director de la Comisión de Ética de las Publicaciones (COPE), que
establece las normas éticas de las revistas académicas, comentó lo
siguiente: “Es algo con lo que nunca me había encontrado”. Y a pesar de decir que había cosas muy sorprendentes, no estuvo dispuesto a especular sobre lo que había pasado: “Quizás el editor estaba probando un nuevo tipo de redacción de los artículos, sin tenerlo todo planeado, o quizás es que hubo una especie de conspiración o como quieran llamarlo”.
El Dr. Brian John, de GM-Free Cymru fue más contundente: “Estas
publicaciones académicas sensacionalistas dan lugar a engaño, a la
mentira, a la hipocresía y a una mala praxis editorial”.
En medio de
este alboroto, el editor Marshall mantuvo un intercambio de correos
electrónicos con Ermakova. Se demostró que lejos de haber solicitado los
comentarios a los cuatro científicos protransgénicos, estos por propia
iniciativa se habían dirigido a la revista para exponer su crítica, y
ninguno de ellos era toxicólogo. Los críticos se seleccionaron a sí
mismos para juzgar la publicación de Ermakova, que nunca apareció en la
forma en la que ésta lo había redactado, como errónea.
Nature Biotechnology tampoco reveló los conflictos de interés en los caían los críticos de Ermakova: Bruce Chassy,
autor de dos publicaciones en ILSI,que definían metodologías para la
evaluación de riesgos de los cultivos transgénicos, que posteriormente
fueron incluidos en las directrices de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria; Vivian Moses, que fue presidenta de GropGen, un lobby del sector de los transgénicos que tiene a Monsanto entre sus patrocinadores; L. Val Giddings, consultor de la Industria, descrito como ex miembro de la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO), de que Nature Biotechnology
omitió decir que ocupaba un alto cargo en BIO, Vicepresidente para la
Alimentación y la Agricultura, y que entre los financiadores de BIO se
encontraban empresas relacionadas con los cultivos transgénicos, como
Monsanto, Dow y DuPont; el último de los críticos era Alan McHughen, que desarrolló para Monsanto un lino transgénico denominado Triffid, que en 2009 se descubrió había contaminado los suministros de lino que llegaban a Europa desde Canadá. Si se hubieran dado a conocer estos conflictos de interés, los lectores podrían haber juzgado de una forma diferente la crítica a Ermakova.
Estos
ejemplos muestran que existe una amenaza real de la Industria a las
revistas científicas. Las posibilidades que tienen los investigadores de
publicar estudios críticos son cada vez menores. Esto es especialmente
cierto en las revistas que tienen un mayor prestigio o impacto en los
medios o que influyen en la opinión pública. Por otro lado, son pocas
las Instituciones Científicas que apoyan a los investigadores que
discrepan de los puntos de vista de la Industria, como ocurrió con
Chapela y la Universidad de Berkeley, que trató de negarle su plaza de
profesor después de la publicación del controvertido estudio sobre el
maíz. Incluso se les niega el acceso a las fuentes de financiación. Casi
toda la financiación para la investigación en bioseguridad llega a los
investigadores que mantienen vínculos con la Industria.
Esto afecta
directamente a la calidad de los estudios que se realizan. Una reciente
revisión de la literatura científica encontró que la mayoría de los
estudios que concluyen que los alimentos transgénicos son tan seguros
como los no transgénicos, habían sido realizados por empresas que los
promovían o estaban asociadas a ellas (Domingo y Bordonaba, 2011). No es
casualidad que Noruega, un país que no está presionado por la Industria
Agrotecnológica, albergue la única entidad pública del mundo que
realiza investigaciones sobre las consecuencias sociales, para la salud y
el medio de la Ingeniería Genética.
Hay
diferentes formas de mitigar o neutralizar la influencia de la Industria
que trata de bloquear los estudios científicos independientes que se
muestran críticos. La primera forma es la transparencia en la publicación. Los editores de revistas deben adoptar las directrices de la COPE y publicar todos los conflictos de interés existente entre su personal y los editores.
Así mismo,
de conformidad con lo estipulado por la COPE, los revisores deben
seleccionarse para que no existan conflictos de interés. Si esto resulta
imposible debido a la existencia de patentes y fondos de investigación
aportados por la Industria, se debe tener cuidado a continuación de
seleccionar un panel equilibrado que represente los diferentes puntos de
vista. FCT es miembro de la COPE, pero no publica información sobre los
conflictos de interés de los editores, y la cita de Goodman sobre
Domingo demuestra poco interés en solventarlo.
Es posible que sea necesario examinar de forma crítica el concepto de revisión por pares.
Las limitaciones de las opiniones de los expertos, ya sean a nivel
individual o en grupo, son de sobra conocidas en el campo de la Medicina
basada en evidencias. Para solucionar este problema, organismos sin
ánimo de lucro, como Cochrane Collaboration, han desarrollado
metodologías sistemáticas y transparentes para revisar y evaluar la
eficacia de las diferentes intervenciones médicas. El objetivo es
permitir a los profesionales tomar decisiones clínicas bien
fundamentadas. Los criterios de revisión se establecen de forma
transparente, por lo que hay menos posibilidades de sesgo en la
evaluación de los estudios. Cuando hay desacuerdos, el fácil identificar
y resolver el problema. Cochane también elabora normas para prevenir
conflictos de interés entre los revisores y la junta editorial.
El enfoque
Cochrane es muy respetado y sus lecciones sobre la Medicina basada en
evidencias, los conflictos de interés, y la resistencia a la presión de
la Industria, se están aplicando en otros campos, como el de la
exposición ambiental peligrosa (Woodruff et al. 2011). No hay razón para
que las revistas científicas, incluyendo aquellas que publican
artículos sobre investigación en torno a los transgénicos, no puedan
utilizar métodos similares para evaluar sus documentos, de modo que
tengan un menor protagonismo aquellos expertos que se vean envueltos en
conflictos de interés.
Aplicar este
tipo de políticas supondría un fuerte apoyo entre la comunidad
científica independiente. Pero este apoyo no puede existir fuera de la
investigación médica.
FCT nombró a
Goodman, un ex empleado de Monsanto y conocido defensor de los puntos
de vista de la Industria, nombramiento que se hizo justamente después de
la publicación del polémico artículo muy crítico con los productos de
Monsanto. Los directivos de FCT pasaron por alto el ascenso gradual
desde dentro.
Mientras
tanto, otras dos revistas científicas destacadas han servido como
plataforma para que sus editores sigan generando actitudes abusivas y
poco científicas, sin ninguna repercusión en su línea editorial.
Marshall sigue siendo editor de Nature Biotechnology. El hecho de
que los editores de revistas tengan este comportamiento, sugiere poco
apoyo a la investigación independiente, y que la rendición de cuentas
dentro del mundo de la edición científica apenas existe.
Es poco
probable que las revistas científicas aborden los defectos de la
publicación científica. Para ello habría que enfrentarse a un acuciante
problema: que la Ciencia Académica hace caja de la explotación de los
conflictos de interés. Se ha convertido de hecho en un modelo de negocio
subyacente en el campo científico. Las Universidades ofrecen
asesoramiento independiente a los Gobiernos, mientras reciben fondos de
las empresas de investigación. Las Empresas no dan ese dinero para
generar un nuevo conocimiento, sino por la influencia que comporta.
Este tipo de
incentivos también se realizan a nivel personal. Los científicos ocupan
puestos académicos financiados por los contribuyentes, mientras se
benefician de las patentes, reservas y labores de consultoría. Si las
revistas y las Agencias Gubernamentales tomasen cartas en el asunto para
resolver los conflictos de interés, las empresas no destinarían ese
dinero para la investigación, porque los científicos que reciben fondos
de parte de la Industria perderían influencia.
Pero si las
revistas científicas no encuentran una forma de nivelar la publicación
de estudios críticos, los pocos científicos que todavía son capaces de
llevar a cabo una investigación independiente de interés público pueden
empezar a buscar modelos alternativos de publicación: revisión por pares
pública o investigación de código abierto… Tales enfoques de
colaboración podrían incluso revitalizar la publicación científica.
A menos que
se produzca una reforma radical, la publicación revisada por pares, de
la que muchos dicen es la característica definitoria de la
investigación, necesita de enormes cambios, Desde su origen como
garantía de calidad e independencia, se ha convertido en un instrumento a
través del cual sólo hay una visión, con un casi total control. Richard
E. Goodman, nuevo Editor Asociado de FCT sobre Biotecnología, tiene
ahora la oportunidad de tirar por la escalera sólo aquellos documentos
marcados como “aprobados por el sector”.
Referencias:
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TJ, et al. (2011). An evidence-based medicine methodology to bridge the
gap between clinical and environmental health sciences. Health Aff
(Millwood) 30(5): 931-937.
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Por Claire Robinson y Jonathan Lathan, 20 de mayo de 2013
Traduccion : Noticias de abajoTOMADO DE http://periodismoalternativoblog.wordpress.com
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