España tira adelante el “hachazo” a las pensiones

El pasado mes de abril el Gobierno español creó un Comité de 12 personas para reformar el sistema público de pensiones. Este grupo tenía que elaborar un informe para el gabiente de Mariano Rajoy.

Este viernes el Comité ya tenía terminado el documento, en el que se propone que las pensiones dejen de revalorizarse anualmente de acuerdo con el IPC, lo que supone un recorte de prestaciones.

Dicho informe ha recibido 10 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Entre los que han votado a favor se encuentra el director del Gabinete de Estudios del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Miguel Ángel García. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha representado al sindicato Unión General de Ttrabajadores (UGT) en el consejo de administración de RTVE, Santos M. Ruesga, ha sido el único que ha votado en contra, mientras que el catedrático del Derecho del Trabajo y afín del PSOE, José Luis Tortuero, ha decidido abstenerse.
Estos tres expertos eran hasta ahora los más críticos con las propuestas del Comité, pese a que finalmente no han votado todos en contra.
La mayoría del comité de “expertos” está integrado por personas que han estado a sueldo de la banca y de las aseguradoras. Son Víctor Pérez-Díaz, presidente del mismo; Manuel Lagares Calvo; José María Marín Vigueras; Santos M. Ruesga Benito; Miguel Ángel Vázquez Burgos; J. Ignacio Conde-Ruiz; Rafael Doménech Vilariño; José Enrique Devesa Carpio; Mercedes Ayuso, Miguel Ángel García Díaz; Francisco Castellano Real y José Luis Tortuero Plaza.
Presionado por la llamada Troika, conformada por el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE), el Ejecutivo español se propuso como uno de sus objetivos para 2013 recortar las pensiones.
Para vestir de cierta “legitmidad” este recorte, el pasado 12 de abril el Consejo de Ministros dio luz verde a la creación de este Comité de 12 “expertos” para que emitiera un informe sobre cómo debe ser el nuevo sistema.
El Gobierno de Rajoy recurrió a la patronal bancaria y aseguradora incluyendo a alguna persona vinculada a los sindicatos para disimular. De hecho, sólo tres de esos doce “expertos” seleccionados por el Gobierno eran partidarios de un sistema público de pensiones.
Pese a que se pretendió vender la creación de este Comité como una garantía de independencia y pluralidad, abundaban los que provenían del mundo de la banca, de la empresa y de los seguros. Hasta ocho de ellos han estado a sueldo o colaboran con la banca y las compañías de seguros, las primeras interesadas en impulsar planes de pensiones privados.
A esto hay que añadir que el presidente del comité es el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Víctor Pérez-Díaz, un sociólogo de corte neoliberal que ha colaborado en varias ocasiones con la Fundación FAES, una organización que alimenta el discurso ideológico del gobernante derechista Partido Popular (PP).
Manuel Lagares Calvo, por ejemplo, es miembro del Consejo de administración de Telefónica y Campsa, en representación del Estado y de la empresa aseguradora Mapfre como Consejero independiente y Presidente de su Comité de Auditoría.
Otro de los integrantes de este grupo de expertos, Santos M. Ruesga Benito, ha sido casualmente consultor del Banco Mundial o de la Comisión Europea (CE), que forma parte de la Troika.
J. Ignacio Conde-Ruiz, es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), una organización patrocinada por grandes empresas y vinculada a la banca.
Otro de los “sabios” que deberán emitir un informe para la reforma del sistema de pensiones es Rafael Doménech Vilariño, jefe del servicio de estudios del banco BBVA.
O José Enrique Devesa Carpio, que ha elaborado trabajos para la Fundación “Edad y Vida”, que reúne en su patronato a las mayores aseguradoras del país (DKV, Caser, VidaCaixa, etc).
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