viernes, 9 de septiembre de 2016

Diana Quer: Se busca mujer blanca, joven y de familia rica

lavanguardia.com
Juan Manuel García
Sólo tres días después de la desaparición de Diana Quer, en la madrugada del pasado 22 de agosto en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), se perdió el rastro de Iván Durán Valverde en Baiona (Pontevedra). De ambos se ignora su actual paradero. Sobre el caso del chico, la inmensa mayoría de los españoles desconoce también cualquier otra circunstancia, sea ésta relevante o no para su búsqueda. En cambio, cualquier ciudadano de España que no haya estado totalmente desconectado de los medios en las últimas dos semanas sabe quién es Diana Quer, dónde se la vio por última vez, cuáles fueron sus últimas comunicaciones, qué llevaba puesto, qué tipo de amistades frecuentaba y cómo se llevaba con cada uno de los miembros de su núcleo familiar más próximo.
El fenómeno está documentado e incluso bautizado: el síndrome de la mujer blanca desaparecida. Esta expresión se refiere a la desproporcionada mayor atención mediática que reciben los casos de personas desaparecidas cuando éstas son mujeres jóvenes, de clase media o alta y físicamente atractivas, en comparación con los casos de desapariciones de hombres o de personas de otras clases sociales.
Casi un centenar de personas acudieron al Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal para participar como voluntarias en las batidas organizadas para buscar a la joven madrileña Diana Quer
Casi un centenar de personas acudieron al Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal para participar como voluntarias en las batidas organizadas para buscar a la joven madrileña Diana Quer
Esta desigualdad en el trato es precisamente lo que denunció la familia de Iván Durán a los pocos días de desaparecer el joven, al constatar que los recursos destinados a la búsqueda de Diana Quer superaban ampliamente los dedicados a localizar al joven pontevedrés. “Todos pagamos nuestros impuestos y tenemos el mismo derecho a que el Estado ponga también todos los medios a su alcance”, decía la familia en un comunicado en el que reclamaban un trato igualitario.
Joaquín Amills, presidente de la asociación SOS Desaparecidos defiende que la igualdad consiste en “sumar recursos a aquellos casos a los que no se presta sufiente atención, no en restarlos a otras operaciones de búsqueda”, como la de Diana Quer. Sabe de lo que habla. Su propio hijo desapareció a los 23 años en Carboneras (Almería) hace justo ocho años, el 11 de septiembre de 2008, en un caso que, según él, no se investigó lo suficiente. Dos años después, creó la asociación.
Hace sólo unos días, SOS Desaparecidos ha dirigido una carta al Ministerio de Interior y a la Secretaría de Estado de Seguridad en la que exige la puesta en marcha de once medidas urgentes para mejorar la situación de las personas desaparecidas y sus familias. Entre otras cosas, la asociación sin ánimo de lucro pide una única base de datos de personas desaparecidas en España, la creación de un protocolo de actuación consensuado para todos los cuerpos de seguridad, el impulso de una comisión específica para tratar el aumento de desapariciones de personas mayores (en especial las de los enfermos de alzheimer) y la consideración como víctimas a los familiares de personas desparecidas, un estatus que con la actual legislación sólo tienen los familiares de desaparecidos por actos violentos (cuando haya sido probado), como el caso de Marta del Castillo.
“Es absurdo pedir a la prensa el mismo trato para todos los desaparecidos, porque hay casi 18.000 denuncias de desapariciones al año en España y siempre hay casos que resultan más mediáticos que otros –reconoce Amills-, pero sí hay que exigir a los políticos más empatía, una mayor capacidad de escuchar y comprender la situación de las familias de los desaparecidos. Ellos no escuchan, sólo responden”, se lamenta este exconcejal del PP en Carboneras, que lleva cinco años intentado reunirse, infructuosamente, con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Voluntarios participan en la búsqueda de Diana Quer en la zona montañosa de A Curota (A Coruña)
Voluntarios participan en la búsqueda de Diana Quer en la zona montañosa de A Curota (A Coruña)
Los motivos por los cuales el caso de Diana Quer ha suscitado tanto interés en los medios, según Amills, son variados: “La protagonista es una muchacha de buena familia de 18 años, el caso surgió a finales de agosto, en una época de escasez de noticias y los padres, por su posición social, tuvieron una mayor capacidad de atraer la atención de los medios de comunicación”, reflexiona.
Sin embargo, cuando la información sobre un caso de este tipo es desproporcionada, a menudo resulta contraproducente para la investigación: “Todos los temas familiares que se han filtrado sobre el caso de Diana Quer no ayudan a la operación de búsqueda, sino todo lo contrario. Fíjate que la mayoría de estos casos mediáticos no se resuelven o tienen un desenlace trágico”, constata el presidente de SOS Desaparecidos. Es el caso de Cristina Bergua, Marta del Castillo, Yeremi Vargas o Madeleine McCann.
La ineficacia de los protocolos de búsqueda de desaparecidos tiene una trágica consecuencia adicional: en los pocos sucesos que se resuelven resulta difícil establecer condenas firmes para los responsables. Es paradigmático el caso de Westley Capper, el hijo de un multimillonario británico procesado por la desaparición de la letona Agnese Klavina (30 años) en Marbella.
Esta misma semana, cuando precisamente se cumplen dos años de este enigmático suceso, su presunto responsable ha quedado en libertad. Lo infausto de la cuestión es que este presunto delincuente no estaba en prisión acusado de la desaparición de la joven –pese a que ella fue vista por última vez forzada a subir al coche de Capper y que días después amigos suyos subieron al yate de su padre arrastrando una enorme maleta roja donde las autoridades sospechan que podrían estar los restos de la víctima- sino como consecuencia de un atropello mortal posterior a una mujer de 40 años.
Por el caso de letona Agnese Klavina, el juez impuso a Craveer y a un amigo de correrías, sendas fianzas de 300.000 euros por un supuesto delito de detención ilegal agravada. Los procesados respondieron a esta suma poniendo a disposición una de sus casas.

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