La Generalitat investigará al fin la supuesta red de pederastia de Castellón
El acuerdo verbal entre el gabinete de Mónica Oltra y algunos de los afectados del caso Bar España comenzará tratando el asunto de los hermanos Miguel Ángel y Domingo
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Contaba Aquí Actualidad hace pocos días que Reinaldo Colás Navarro y un par de familias más de afectados por la supuesta red de pederastia que asoló Castellón hace dos décadas iniciarían una ronda de salidas plantándose frente a la Generalitat Valenciana.
Su objetivo, mover los mecanismos para «sacar de la cárcel a los hermanos Miguel Ángel y Domingo Maura Ferreres. Ya llevan casi 10 años presos en Albocàsser por unas supuestas represalias de los denunciados por ellos» después de que el primero fuese entrevistado en el programa Pederastas al descubierto allá por el 2007. Querían revisar su causa al no entender una pena de cárcel semejante.
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Sus peticiones han sido atendidas
Aunque no fue Mónica Oltra, actual vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Política Inclusiva de la Generalidad Valenciana por Compromís, Reinaldo, Dolores Calvo de Haro, madre, y María del Carmen Moreno Rius, antigua empleada de la Residencia Baix Maestrat de Vinarós, fueron atendidos por Miquel Real, director del gabinete de la Vicepresidencia, según se lee en su tarjeta de presentación. Todo tras permanecer unas horas a las puertas de la Generalitat informando a todo viandante sobre la «ceguera institucional» que ha acompañado el caso durante dos décadas.
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Por el acuerdo, aunque verbal, el gabinete de Mónica Oltra se compromete a investigar las razones por las que los hermanos Miguel Ángel y Domingo llevan casi diez largos años encerrados en la prisión de Albocàsser, Castellón. Ni la familia, ni los amigos, ni ellos mismos, según nos cuentan, saben cuál es su pecado. Al menos, legalmente, porque aseguran que este habría derivado de las represalias que se habrían tomado contra ellos tras denunciar las supuestas violaciones y abusos sexuales a los que habrían sido sometidos en el Bar España y en Mas del Coll, entre otros, desde que fueran internados en la residencia de menores Baix Maestrat de Vinarós:
«No se ha hecho ninguna investigación y tampoco existe un documento que certifique su encierro. Son todo represalias. Así se lo hemos transmitido a Miquel Real», asegura Colás Navarro, padre de alguna de las víctimas.
Esto ocurre un mes después de que Reinaldo presentase un escrito en la Generalitat Valenciana en el que relataba «la grave situación que han vivido y viven» los hermanos Maura Ferreres. Al no obtener respuesta, él y casi una treintena de afectados directa o indirectamente, decidieron acudir a la Plaza Nules de Valencia para intentar entrevistarse con Oltra.
Por cierto que la situación es delicada para algunos de ellos, y al drama familiar se une el puramente mundano: «María del Carmen viene desde Oropesa. Allí se dedica a pedir a las puertas de los supermercados, hipotérmica, porque no tiene medios para vivir. De hecho, su casa es una chabola y le hemos tenido que pagar el viaje hasta Valencia», nos cuenta Valentí Figueres, director de La manada, el largometraje que pondrá imagen y voz a la presunta trama castellonense.
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El dolor, con los brazos abiertos
Para la familia de Domingo y Miguel Ángel, «estable, estructurada y con arraigo y armonía en su población», el no recibir explicaciones a sucesos controvertidos no es algo nuevo. A día de hoy tampoco entienden por qué en 1997 los servicios sociales les arrebataron a sus dos únicos hijos, de 3 y 7 años de edad, para internarlos en la Residencia Baix Maestrat de Vinarós.
Cuenta Reinaldo en su escrito que cuando la familia se quedó sin sus dos pequeños «sin explicación, documentación ni justificación alguna, solo supieron trabajar más y dedicar cada minuto libre en visitar a sus hijos y pedir infructuosas explicaciones de despacho en despacho».
Para las mentes queda pensar qué pasó para que alguien creyese tener la licencia de partir por la mitad unas vidas que no eran suyas. Porque no sólo fue el acto de quedar alejados padres de hijos e hijos de padres, sino que fue el suplicio y el daño infinito e incalculable lo que se regaló a cada uno de los miembros de la familia Maura Ferreres. Unos niños que dejaron de serlo forzados por el descamino de otros, y unos padres que no tuvieron más remedio que abrir los brazos al dolor.
De esta forma, cuando Domingo y Ana se enteraron por boca de sus hijos de lo que habían estado pasando durante los últimos siete años —repito, por boca de sus hijos durante los últimos siete años—, denunciaron los hechos en los Juzgados de Vinarós. Diligencias previas hubo, sí, pero nada más, a parte de una serie de devaneos burocráticos que terminaron en saco roto:
«Sin haber sido explorados los menores ni citado testigo alguno, el Juzgado número 2 decide inesperadamente reabrir un procedimiento sobreseído del año 2000 […] para decretar su archivo, quedando cerrado el asunto sin haber realizado instrucción alguna, ni siquiera traslado de los autos al Ministerio Fiscal».
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«No pedimos héroes»
Reinaldo y otro protagonista de la reunión están satisfechos con la promesa de Miquel Real. Según nos cuentan, la auditoria fue amigable y cordial en todo momento. Real se mostró abierto a iniciar la investigación demandada por los afectados: «Cuando nos dijo que daría parte a Bienestar Social de Castellón, no me quedó otra que preguntar: ‘¿Al enemigo?’. Miquel Real contestó que los trabajadores ya no eran los mismos», relata Reinaldo.
La maquinaria de la justicia ha metido por fin la primera marcha, algo que destensa las almas de los afectados. Tanto, que Ana fue ingresada el pasado domingo «por sufrir una especie de ataque relacionado con la tensión nerviosa». La impotencia rellena el cuerpo con una angustia que se mantiene suspendida hasta que encuentra una vía por la que escapar. En el caso de Ana y de Domingo, «el solo hecho de que ya no se sientan solos y el recuperar, un poco, la esperanza de poder tener a sus hijos en casa», ha sido el tragaluz que ha dado libertad a esa incertidumbre.
Aunque saben que las palabras, si son livianas, se las lleva el viento, Reinaldo, María del Carmen, Dolores y el resto de aquejados por esta enfermedad crónica del destino que otros quisieron para ellos, se revelan satisfechos, esperanzados y comprometidos.
Quieren, demandan que sean los medios jurídicos populares los que se encarguen de investigar de una vez la supuesta red de pederastia conocida como «Caso Bar España» para que la palabra se quede simplemente con su nombre de pila. Lo desean así porque creen estar en su derecho para solicitar instituciones que se sufragan con el dinero de todos, con la finalidad de que «los que entonces fueron niños dejen de sufrir las consecuencias del abuso de poder».
Hay que dejar descansar el pasado, sobre todo si amanece cada día en carne viva.
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