RAJOY, PARALIZADO POR LA AMENAZA DE LOS DOSIERES DE PUJOL
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El martes el Rey Felipe VI denunciaba la deslealtad e ilegalidad flagrantes en que vienen incurriendo los mandatarios de la Generalitat durante las últimas semanas, a la vez que anunciaba que los ciudadanos acosados por el independentismo "no están solos". Dichas palabras parecen el preludio a una acción expeditiva que no se ha producido. Y el freno a dicha acción no es otra que la actitud cobarde, evasiva e irresponsable de un presidente de Gobierno al que los sediciosos tienen inmovilizado bajo chantaje a causa de "debilidades" que podrían salir a la luz y causarle un descrédito personal mayor aún que el descrédito político en que se halla. De ese temor de Rajoy se hallan rehenes millones de ciudadanos que han pasado a serlo de segunda categoría en una Cataluña en la que el orden legal no significa ya nada. La reacción constitucionalista contra la sedición catalana pasa en este momento por apartar a esta calamidad humana incapaz de asumir sus responsabilidades. O se solucionan simultáneamente los dos problemas que confluyen en la situación política actual del Reino o no se solucionará ninguno. Y la humillación de la nación será solo el preludio a su desmembramiento final. Rajoy debe ser depuesto, y la situación conducida por alguien capaz.
En cualquier país europeo, la gravísima situación que se vive en Cataluña habría tenido ya la respuesta formal de las instituciones del Estado. En la España de Rajoy, no. Enumerar el cúmulo de delitos y quebrantamientos del orden social que están teniendo lugar en Cataluña en las últimas semanas, amparados, alentados y subvencionados por una parte del Estado en guerra contra el Estado, se nos antoja tarea imposible. Difícil sería imaginar un territorio de cualquier país civilizado viviendo en estado de rebelión, con episodios de violencia cada vez más alarmantes, y sin respuesta alguna por parte de las autoridades gubernativas. Cataluña ha sido hoy la única zona del mundo donde la policía actúa en estrecho consorcio con quienes cortan autopistas, toman puentes y carreteras, cierran colegios, acosan a funcionarios públicos, cercan edificios policiales e incumplen las normas recogidas en el ordenamiento jurídico. A la situación surreal de estos días se une la división entre los dos principales partidos y la constatación de que Rajoy carece de las ideas y del coraje necesario para asumir el control de la situación sin ampararse en policías, jueces y ahora también el Rey. Las declaraciones medrosas de Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría, sus apelaciones a la nada, las permanentes mentiras del Gobierno sobre la situación real, el fracaso absoluto del régimen político del 78, alimentan al mismo tiempo a la otra parte. Ni en su mayor grado de optimismo podía imaginar Puigdemont un escenario tan cómodo para recorrer el camino hacia una independencia que cada vez tiene más cerca.
Hemos sostenido que la parálisis y el inmovilismo del Gobierno sólo podía responder a la cobardía o la traición de sus miembros. Hoy introducimos un tercer factor en juego, que aglutinaría las dos anteriores, que ya está siendo barajado en algunos círculos: que el Gobierno y los centros de poder hayan entrado en pánico ante la posibilidad de que Puigdemont haga uso de los dosieres de Pujol si Rajoy da pasos en la dirección de abortar la declaración de independencia. El ex president de la Generalitat dispuso de un servicio de inteligencia conocido como los “Pata Negra” formado por ex agentes del entonces CESID que elaboraron informes durante años sobre las redes de corrupción, escándalos y sus ramificaciones en todo el Estado español. La filtración de los dosieres haría tambalear lo que queda del Estado. El ex molt honorable, Jordi Pujol, ya hizo un amago durante su comparecencia en el Parlament catalán, el 25 de septiembre de 2014, cuando al ser interpelado sobre el origen de su fortuna que atribuía a la herencia de su padre, y ante las dudas de algunos diputados, manifestó que si ponía en marcha el ventilador se iba a armar gorda.
Lo que pocos conocen, pero si el Gobierno Rajoy, la oposición y los
centros de poder, es que tras el escándalo de Banca Catalana, Pujol lo
tuvo claro. Logró que los miembros del tribunal que le juzgaba fueran
convenientemente tocados. Sorprendentemente salió absuelto.
El Gobierno de Felipe González había ordenado a los fiscales que dejaran
en paz al molt honorable. Y ahora que uno de los fiscales, Villarejo,
no tiene inconveniente en airear la orden que le dieron, debemos
recordar el párrafo de Salvador Sostres en “El Mundo” contando cómo se
enterró el caso Banca Catalana:
“Piqué Vidal hizo una lista de los 41 magistrados de la Audiencia de Barcelona que tenían que decidir si procesaban o no a Pujol y visitó uno a uno a los que calculaba que estaban más dispuestos a dejarse convencer. Y a cada uno de ellos les hizo una oferta que no pudieron rechazar”.
“No una oferta genérica -prosigue Sostres- sino perfectamente personalizada: ayudas al hijo yonqui, el puesto de trabajo de la esposa con problemas, cantidades económicas para las situaciones desesperadas, etcétera. Todo ello, naturalmente, con cargo al erario público. Un día antes de la votación, en 1986, Piqué Vidal estuvo en condiciones de anunciarle a Pujol: ‘Presidente, ganaréis por 33 a 8’, que fue exactamente el resultado de la votación del día siguiente”. Por supuesto que para llegar a cambiar la voluntad de 33 jueces hubo una minuciosa labor de inteligencia que investigó las debilidades de cada uno de los magistrados.
A partir de esa experiencia y para extender el control a jueces, fiscales, políticos, empresarios y otras personalidades, desde la Generalidad Pujol montó un servicio secreto de agentes conocidos como los “Pata Negra”.
Algunos de ellos eran agentes de la “antena” (oficina) del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) en Barcelona, que en su momento fueron utilizados por el ministro de Defensa Eduardo Serra para investigar las andanzas de Javier de la Rosa, entre otras misiones impropias. Parte de los agentes pasaron al servicio de Pujol cuando se desmontó la “antena” del CESID en Cataluña, una de las exigencias de CiU para apoyar la investidura de José María Aznar en 1996 tras ganarle las elecciones a Felipe González, pero sin mayoría absoluta.
La sociedad española ha comprobado cómo el escándalo Pujol ha sido tratado con algodones por jueces, fiscales y el propio Gobierno que no se atreve a que el ex-molt honorable pase la pena del telediario.
En el despliegue policial de hace un año, los doscientos agentes que intervinieron en los registros de las viviendas y oficinas del Clan Pujol en Barcelona debían tener sumo cuidado. Habían recibido órdenes taxativas de no realizar ninguna detención, fueran cuales fueran los resultados de los registros. Incluso cuando acudieron al domicilio del matrimonio Pujol-Ferrusola donde se encontraba convaleciente de una operación quirúrgica en el hombro el hijo mayor, las indicaciones eran muy precisas: sólo debían acceder a la habitación de Jordi junior. No podían buscar pruebas en otras dependencias de la vivienda.
La explicación es sencilla: el Gobierno tenía miedo de enfadar a Jordi Pujol y que empezase a tirar de los dossiers elaborados por los “Pata Negra” y salieran a relucir decenas y decenas de escándalos.
Parece que las visitas de Carles Puigdemont y Artur Mas a Jordi Pujol guardan relación con la estrategia sobre dichos dosieres que, aseguran fuentes conocedoras de los mismos, recogen pormenorizadas informaciones sobre las redes de corrupción, escándalos y sus ramificaciones en todo el Estado español. Se confirma, una vez más, que la información es poder. Si Soraya Sáenz de Santamaría es tan poderosa, intocable por los medios escritos y respetada por la clase política, se debe a la información que el servicio secreto, que todo lo escucha y todo lo ve, le ha proporcionado en estos cuatro años que lleva como jefa de los espías.
Ni el propio presidente Rajoy se atreve a ningunearla, sabedor de que en cualquier momento pueden indicar a sus fieles de la prensa que empiecen a filtrar capítulos del famoso Informe Pelícano, del que ya dimos a conocer su existencia en este medio.
Pujol lleva más de treinta años acumulando informes, muchos de infarto y sorprendentes. De ahí el pánico a que ponga en marcha el ventilador si se impide a Puigdemont culminar su hoja de ruta hacia la independencia. Entre tanto, lo que se le habría permitido a Rajoy son labores de distracción, como las cargas policiales del domingo, que reforzaron todavía más la estrategia secesionista. (Fuente: http://www.alertadigital.com/)
El martes el Rey Felipe VI denunciaba la deslealtad e ilegalidad flagrantes en que vienen incurriendo los mandatarios de la Generalitat durante las últimas semanas, a la vez que anunciaba que los ciudadanos acosados por el independentismo "no están solos". Dichas palabras parecen el preludio a una acción expeditiva que no se ha producido. Y el freno a dicha acción no es otra que la actitud cobarde, evasiva e irresponsable de un presidente de Gobierno al que los sediciosos tienen inmovilizado bajo chantaje a causa de "debilidades" que podrían salir a la luz y causarle un descrédito personal mayor aún que el descrédito político en que se halla. De ese temor de Rajoy se hallan rehenes millones de ciudadanos que han pasado a serlo de segunda categoría en una Cataluña en la que el orden legal no significa ya nada. La reacción constitucionalista contra la sedición catalana pasa en este momento por apartar a esta calamidad humana incapaz de asumir sus responsabilidades. O se solucionan simultáneamente los dos problemas que confluyen en la situación política actual del Reino o no se solucionará ninguno. Y la humillación de la nación será solo el preludio a su desmembramiento final. Rajoy debe ser depuesto, y la situación conducida por alguien capaz.
En cualquier país europeo, la gravísima situación que se vive en Cataluña habría tenido ya la respuesta formal de las instituciones del Estado. En la España de Rajoy, no. Enumerar el cúmulo de delitos y quebrantamientos del orden social que están teniendo lugar en Cataluña en las últimas semanas, amparados, alentados y subvencionados por una parte del Estado en guerra contra el Estado, se nos antoja tarea imposible. Difícil sería imaginar un territorio de cualquier país civilizado viviendo en estado de rebelión, con episodios de violencia cada vez más alarmantes, y sin respuesta alguna por parte de las autoridades gubernativas. Cataluña ha sido hoy la única zona del mundo donde la policía actúa en estrecho consorcio con quienes cortan autopistas, toman puentes y carreteras, cierran colegios, acosan a funcionarios públicos, cercan edificios policiales e incumplen las normas recogidas en el ordenamiento jurídico. A la situación surreal de estos días se une la división entre los dos principales partidos y la constatación de que Rajoy carece de las ideas y del coraje necesario para asumir el control de la situación sin ampararse en policías, jueces y ahora también el Rey. Las declaraciones medrosas de Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría, sus apelaciones a la nada, las permanentes mentiras del Gobierno sobre la situación real, el fracaso absoluto del régimen político del 78, alimentan al mismo tiempo a la otra parte. Ni en su mayor grado de optimismo podía imaginar Puigdemont un escenario tan cómodo para recorrer el camino hacia una independencia que cada vez tiene más cerca.
Hemos sostenido que la parálisis y el inmovilismo del Gobierno sólo podía responder a la cobardía o la traición de sus miembros. Hoy introducimos un tercer factor en juego, que aglutinaría las dos anteriores, que ya está siendo barajado en algunos círculos: que el Gobierno y los centros de poder hayan entrado en pánico ante la posibilidad de que Puigdemont haga uso de los dosieres de Pujol si Rajoy da pasos en la dirección de abortar la declaración de independencia. El ex president de la Generalitat dispuso de un servicio de inteligencia conocido como los “Pata Negra” formado por ex agentes del entonces CESID que elaboraron informes durante años sobre las redes de corrupción, escándalos y sus ramificaciones en todo el Estado español. La filtración de los dosieres haría tambalear lo que queda del Estado. El ex molt honorable, Jordi Pujol, ya hizo un amago durante su comparecencia en el Parlament catalán, el 25 de septiembre de 2014, cuando al ser interpelado sobre el origen de su fortuna que atribuía a la herencia de su padre, y ante las dudas de algunos diputados, manifestó que si ponía en marcha el ventilador se iba a armar gorda.
El "capo" que tiene a la clase política española cogida por los coj#### |
“Piqué Vidal hizo una lista de los 41 magistrados de la Audiencia de Barcelona que tenían que decidir si procesaban o no a Pujol y visitó uno a uno a los que calculaba que estaban más dispuestos a dejarse convencer. Y a cada uno de ellos les hizo una oferta que no pudieron rechazar”.
“No una oferta genérica -prosigue Sostres- sino perfectamente personalizada: ayudas al hijo yonqui, el puesto de trabajo de la esposa con problemas, cantidades económicas para las situaciones desesperadas, etcétera. Todo ello, naturalmente, con cargo al erario público. Un día antes de la votación, en 1986, Piqué Vidal estuvo en condiciones de anunciarle a Pujol: ‘Presidente, ganaréis por 33 a 8’, que fue exactamente el resultado de la votación del día siguiente”. Por supuesto que para llegar a cambiar la voluntad de 33 jueces hubo una minuciosa labor de inteligencia que investigó las debilidades de cada uno de los magistrados.
A partir de esa experiencia y para extender el control a jueces, fiscales, políticos, empresarios y otras personalidades, desde la Generalidad Pujol montó un servicio secreto de agentes conocidos como los “Pata Negra”.
Algunos de ellos eran agentes de la “antena” (oficina) del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) en Barcelona, que en su momento fueron utilizados por el ministro de Defensa Eduardo Serra para investigar las andanzas de Javier de la Rosa, entre otras misiones impropias. Parte de los agentes pasaron al servicio de Pujol cuando se desmontó la “antena” del CESID en Cataluña, una de las exigencias de CiU para apoyar la investidura de José María Aznar en 1996 tras ganarle las elecciones a Felipe González, pero sin mayoría absoluta.
La sociedad española ha comprobado cómo el escándalo Pujol ha sido tratado con algodones por jueces, fiscales y el propio Gobierno que no se atreve a que el ex-molt honorable pase la pena del telediario.
En el despliegue policial de hace un año, los doscientos agentes que intervinieron en los registros de las viviendas y oficinas del Clan Pujol en Barcelona debían tener sumo cuidado. Habían recibido órdenes taxativas de no realizar ninguna detención, fueran cuales fueran los resultados de los registros. Incluso cuando acudieron al domicilio del matrimonio Pujol-Ferrusola donde se encontraba convaleciente de una operación quirúrgica en el hombro el hijo mayor, las indicaciones eran muy precisas: sólo debían acceder a la habitación de Jordi junior. No podían buscar pruebas en otras dependencias de la vivienda.
La explicación es sencilla: el Gobierno tenía miedo de enfadar a Jordi Pujol y que empezase a tirar de los dossiers elaborados por los “Pata Negra” y salieran a relucir decenas y decenas de escándalos.
Parece que las visitas de Carles Puigdemont y Artur Mas a Jordi Pujol guardan relación con la estrategia sobre dichos dosieres que, aseguran fuentes conocedoras de los mismos, recogen pormenorizadas informaciones sobre las redes de corrupción, escándalos y sus ramificaciones en todo el Estado español. Se confirma, una vez más, que la información es poder. Si Soraya Sáenz de Santamaría es tan poderosa, intocable por los medios escritos y respetada por la clase política, se debe a la información que el servicio secreto, que todo lo escucha y todo lo ve, le ha proporcionado en estos cuatro años que lleva como jefa de los espías.
Ni el propio presidente Rajoy se atreve a ningunearla, sabedor de que en cualquier momento pueden indicar a sus fieles de la prensa que empiecen a filtrar capítulos del famoso Informe Pelícano, del que ya dimos a conocer su existencia en este medio.
Pujol lleva más de treinta años acumulando informes, muchos de infarto y sorprendentes. De ahí el pánico a que ponga en marcha el ventilador si se impide a Puigdemont culminar su hoja de ruta hacia la independencia. Entre tanto, lo que se le habría permitido a Rajoy son labores de distracción, como las cargas policiales del domingo, que reforzaron todavía más la estrategia secesionista. (Fuente: http://www.alertadigital.com/)
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